LA INTERDICCION CIVIL Y CURATELA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ¿VIOLAN DERECHOS HUMANOS?

Paulo Jorge Vivas Sierra

I.- INTRODUCCION

El 13 de Diciembre de 2006 fue adoptada por la Asamblea General de la ONU la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),  que pretende provocar  un cambio social que asegure a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad, eliminando para ello todas las barreras que impiden su participación activa en la sociedad; siendo uno de sus principales logros de este instrumento internacional el de situar la discapacidad en el plano de los derechos humanos, lo que permitirá, a su vez, dar mayor visibilidad al sector de las personas con discapacidad (10% de la población mundial[i]) en el sistema de protección de las Naciones Unidas y de la sociedad en general.

El tratamiento de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos no es un asunto meramente semántico, sino que tiene importante consecuencias tanto en el diseño e implementación de políticas públicas, como en la adopción de leyes; o en un sentido más general, en las respuestas sociales hacia el fenómeno de la discapacidad. Este cambio de paradigma en el modo de abordar la discapacidad es fruto de la consolidación del llamado “modelo social de la discapacidad” que se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social.

El nuevo modelo se construye sobre la base de determinados principios: vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, dialogo civil, entre otros.

El modelo social parte de la premisa de que la discapacidad es, en gran parte, el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Asimismo, apunta a la autonomía de la persona con discapacidad  para decidir respecto de su propia vida, y para ello se centra en la eliminación  de cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar una adecuada equiparación  de oportunidades; como señala Agustina Palacios[ii], el modelo  social ha sido la consecuencia de una larga lucha, planteada por las propias personas con  discapacidad, que tuvo sus frutos en diversos ámbitos; uno de esos ámbitos es el del derecho internacional de los derechos humanos con sus consecuentes implicaciones  en los derechos de las legislaciones internas de los Estados Parte.

II.-        PERSONALIDAD JURIDICA, INTERDICCION Y CURATELA DE LAS   PERSONAS CON             DISCAPACIDAD

El artículo 12° de la CDPD, regula sobre la capacidad jurídica y personalidad jurídica, lo que generó grandes disputas entre las delegaciones de la Convención, desde el momento en que hubo consciencia del potencial cambio que una interpretación de dicho artículo podría generar; pues el marco normativo establecido por el artículo 12° contempla un cambio en el modelo a adoptar a la hora de regular la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente en aquellas situaciones en las cuales  puede resultar necesario algún tipo de intervención de terceros, cuando la persona tiene limitaciones o restricciones para tomar decisiones propias. Mientras que el sistema tradicional  tiende hacia un modelo  de “sustitución”, el modelo de derechos humanos basados en la dignidad intrínseca de todas las personas, en el que se basa la Convención, aboga por un modelo de “apoyo”.  

Sin embargo, toda esta nueva concepción de los derechos de las personas con discapacidad  contenida en la CDPD, resulta diametralmente opuesta a la clásica institución supletoria de amparo familiar de la curatela.

Efectivamente, en nuestro país, la curatela es una institución de amparo familiar que tiene por finalidad cuidar de la persona y de los bienes del incapaz mayor de edad, en cuya virtud se provee  la custodia y el manejo de sus bienes, a la defensa de su persona o al restablecimiento de su salud; así la curatela tiene por objeto suplir (sustituir) la capacidad de obrar o de ejercicio de las personas mayores de edad pero incapaces, previo proceso judicial denominado “proceso de interdicción”.

La curatela como institución supletoria  de amparo familiar, parte del supuesto de estado de necesidad en que se encuentra la persona con discapacidad y que requiere ser tutelada dado su estado de riesgo y desprotección  en que puede encontrarse para ejercer sus derechos y cuidar de sus intereses  personales y patrimoniales; también, porque cumple con una función representativa (sustitutiva) de la persona con discapacidad.

Como afirma Bariffi[iii] la curatela, surge en períodos en que la sociedad no consideraba a las Personas con Discapacidad sujetos de derechos libres y autónomos, sino más bien enfermos e inhábiles, como aún lo contemplan nuestras normas jurídicas internas (Código Civil peruano) , y lo que se pretendió siempre fue sustituir a esas personas completamente, impidiéndoles el ejercicio de todos sus derechos civiles, sociales y políticos.

Si bien en algunas ocasiones, la posibilidad de asumir las decisiones sobre su patrimonio u obligaciones en general, se ve limitada natural y funcionalmente para las Personas con Discapacidad como es el caso de las personas con discapacidad psicosocial (discapacidad mental), no hay razones que justifiquen la pérdida total de la autonomía personal.

Desde esta óptica, la curatela y las limitaciones de la capacidad de actuar o de obrar, no tienen cabida tal y como actualmente existen, en una sociedad que se diga respetuosa de los derechos humanos; tanto más si la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por el Estado peruano mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE publicado el 31.DIC.2007 y entró plenamente en vigencia el 03.MAY.2008; sin embargo los procesos judiciales sobre interdicción y curatela se siguen tramitando en el Perú con las normas contenidas en el Código  Civil y el Código Procesal Civil, inaplicando e ignorando el derecho Internacional de los Derechos Humanos (Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad) que garantiza la capacidad de actuar en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad.

III.-       NUEVOS CONCEPTOS QUE INCORPORA LA CONVENCION DE LOS           DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los operadores del derecho, especialmente los magistrados que conocen los procesos de interdicción civil y consecuente curatela de las personas con discapacidad, deben conocer los nuevos conceptos que incorpora la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual permitirá hacer frente a las interrogantes que se plantean: ¿La Interdicción y consecuente Curatela elimina la personalidad jurídica de las persona con discapacidad? ¿El proceso de interdicción lleva  a la muerte civil de las personas con discapacidad? ¿La regulación de la curatela en el Perú, impide a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y económicos? ¿Los magistrados, aplican la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuando tramitan y conocen procesos sobre interdicción  y curatela de  las personas con discapacidad?.

Las normas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no son aplicados por los magistrados cuando conocen procesos de interdicción y curatela de las personas con discapacidad, lo que genera la eliminación de la  personalidad jurídica (muerte civil) de las personas con discapacidad social, lo cual lleva a afirmar que en el Perú continua la vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Resultando así a prima facie que la interdicción civil y curatela tal y como se encuentra regulado en la actualidad,  resulta incompatible con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en tanto se sustituye la capacidad de obrar o de ejercicio de las personas mayores de edad pero con discapacidad; advirtiéndose  que habiendo transcurrido ya más de cinco años desde la vigencia de la  Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) la situación no ha cambiado, pues la posibilidad de asumir las decisiones sobre su patrimonio u obligaciones en general, siguen limitadas para las personas con discapacidad, quienes pierden totalmente su autonomía personal.

Los nuevos conceptos que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que deben ser conocidos por los magistrados, permitirá que frente a los casos concretos de interdicción civil y curatela se aplique preferentemente las normas de la Convención frente a las normas del derecho interno, como las contenidas en el Código Civil y Código Procesal Civil, pero principalmente permitirá que las personas con discapacidad sean tratadas y consideradas respetando su autonomía personal, contando con sistemas de “apoyo”, eliminando a su mínima expresión y solo cuando sea estrictamente necesario el sistema de la “sustitución”.

IV.-      A MANERA DE CONCLUSION

Es incuestionable que las personas, independientemente de nuestra condición, tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas; sin embargo la historia nos recuerda la constante violación de los derechos humanos, especialmente en perjuicio de las poblaciones más vulnerables.

Lo más grave del caso es que el mismo sistema jurídico colabora con la exclusión de personas, que acostumbradas muchas veces a vivir al margen, no entienden por qué ellos no pueden decidir sobres sus propias vidas; como sucede con la interdicción de las personas con discapacidad y consecuente designación de un curador.

Si bien en algunas ocasiones, la posibilidad de asumir las decisiones sobre su patrimonio u obligaciones en general, se ve limitada natural y funcionalmente para las personas con discapacidad, no hay razones que justifiquen la pérdida total de la autonomía y muchas veces de la libertad; lo cual debe ser analizado y evaluado por los magistrados a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando tramitan y conocen procesos de interdicción civil.

En este marco, la interdicción civil y consecuente curatela, y las limitaciones al régimen de capacidad de ejercicio o de actuar, no tienen cabida tal y como actualmente existen, en una sociedad que se diga respetuosa de los derechos humanos; es claro que es necesario garantizar la seguridad patrimonial y legal de las personas con discapacidad; lo que no se puede permitir, es que la persona sufra una sustitución plena, lo que podríamos denominar muerte civil.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrito por el Perú en el año 2008, garantiza a todas las Personas con Discapacidad, el pleno ejercicio de su derechos,  la capacidad de actuar en igualdad de condiciones y el respeto irrestricto a su autonomía personal.

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[i] COURTIS, Christian: Nuevos Paradigmas Hacia los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. En Revista Nexos Nº 322, Ciudad de México, 2008. Pág. 113.

[ii] PALACIOS, Agustina: El Modelo Social de Discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. Colección CERMI, Ediciones Cinca. Madrid – España 2008. Pág. 46.

[iii] BARIFFI, Francisco José: Capacidad Jurídica y Capacidad de Obrar de las Personas con Discapacidad a la Luz de la Convención de las Naciones Unidas. En Revista del Centro de Investigaciones de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mar del Plata  Nº 12, año 2008. Argentina. Pág. 78.